El Gobierno formalizó este lunes la disolución del plan Procrear, una de las políticas habitacionales más emblemáticas de los últimos años. Lo hizo a través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, en la que el Ministerio de Economía dispuso el inicio de la liquidación del fondo fiduciario que sostenía el programa.
El cierre del Procrear, creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner, se enmarca en el objetivo del Ejecutivo de “reducir el tamaño del Estado y transparentar el gasto público”, según fundamentaron desde el Ministerio. El plan, que permitió el acceso a miles de familias a créditos hipotecarios y a la construcción de viviendas, pasará a ser historia.
A partir de ahora, los créditos que ya fueron otorgados seguirán vigentes, pero pasarán a ser gestionados por el Banco Hipotecario. El traspaso incluirá tanto préstamos hipotecarios como personales, y se hará manteniendo las condiciones originales: tasas, montos, plazos y sistemas de actualización no se modificarán. El Banco, además, será el encargado de cobrar las cuotas, emitir deuda y renegociar términos si fuera necesario, siempre bajo contrato con el Estado.
El dinero recaudado por estas operaciones se destinará directamente al Tesoro Nacional, descontando solo los costos de administración. También se autorizó la venta de carteras de créditos con bajo nivel de recupero, es decir, aquellos donde se recupera menos del 40% del valor prestado.
Otro punto clave de la medida tiene que ver con el futuro de las viviendas que quedaron a medio construir. En total, hay alrededor de 17.000 unidades en obra en el marco de 85 proyectos urbanísticos a nivel nacional. Según lo dispuesto por el Gobierno, estos desarrollos podrán ser transferidos a las provincias, municipios o incluso al sector privado para su finalización. En algunos casos, las viviendas terminadas pero aún no entregadas podrían ser vendidas directamente, sin sorteo.
Las propiedades que no tengan obras en curso pasarán a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá venderlas, cederlas o ponerlas a disposición de los gobiernos locales.
Desde el oficialismo argumentan que el Procrear requería un alto grado de intervención estatal, generaba demoras en la ejecución, falta de transparencia y sobrecostos. Por eso, apuestan ahora a un modelo en el que la construcción y financiamiento de viviendas recaiga en el sistema bancario, con el Estado cumpliendo un rol más acotado.
Esta decisión se suma a otras medidas que buscan redefinir la política habitacional del país. Entre ellas, se destaca el impulso a las llamadas “hipotecas divisibles”, una propuesta orientada a facilitar el acceso al crédito a través del mercado.
