El presidente Javier Milei vetó en su totalidad tres leyes aprobadas por el Congreso el 10 de julio de 2025: la que proponía un aumento percentual del 7,2 % para jubilaciones y pensiones (más un bono excepcional de $70.000 a $110.000); la que reinstalaba la moratoria previsional por dos años; y la que declaraba la emergencia en discapacidad, incluyendo una nueva pensión no contributiva y actualizaciones automáticas para el sistema de salud y servicios asociados.
El veto fue formalizado mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada del 4 de agosto. El Ejecutivo defendió la decisión bajo el argumento de que las iniciativas aprobadas carecían de fuentes de financiamiento y presentaban “graves vicios reglamentarios” en su sanción, con votaciones parlamentarias que, según el decreto, no cumplieron los procedimientos requeridos.
El gobierno advirtió que las leyes aprobadas implicarían un aumento del gasto de más de 7 billones de pesos en 2025 y casi 17 billones en 2026, lo cual pondría en riesgo los parámetros fiscales establecidos y amenazaría la sostenibilidad del sistema previsional. A pesar del impacto social, la Presidencia sostuvo que “no hay plata” y prefiere decir “la verdad incómoda” antes que promesas imposibles de sostener.
El veto generó una inmediata reacción desde la oposición: referentes del peronismo calificaron la decisión como una expresión de “crueldad” y exigieron que el Congreso rechace los vetos, algo que requeriría mayoría calificada de dos tercios en cada cámara. Diputadas como Victoria Tolosa Paz, y dirigentes como Daniel Arroyo y Mayra Mendoza, denunciaron que el gobierno deja desamparados a jubilados y personas con discapacidad mientras prioriza intereses económicos y genera “un reino de estupidez y crueldad”.
En el escenario parlamentario, la Casa Rosada está gestionando el apoyo de legisladores clave, incluyendo gobernadores no peronistas, para bloquear la insistencia del Congreso y mantener los vetos vigentes. Si el consenso opositor logra reunir dos tercios de votos, las leyes podrían reinstalarse. En caso de no lograrlo, el gobierno anticipó que recurrirá a vías judiciales para defender su postura.
El contexto político es tenso: a menos de tres meses de las elecciones legislativas de octubre, la administración Milei busca consolidar su gestión ajustando el gasto público, mientras enfrenta crecientes críticas por la afectación a los sectores más vulnerables y la posible ruptura del consenso político
