El Congreso argentino dio un duro golpe institucional al Ejecutivo: ambas cámaras rechazaron de forma definitiva cinco decretos firmados por Javier Milei, entre los que se incluyen un DNU y cuatro decretos delegados impulsados para avanzar en su plan de ajuste estatal. Con su publicación en el Boletín Oficial, el rechazo –formalizado mediante resoluciones conjugadas desde Diputados y el Senado– quedó oficialmente vigente.
Las normativas rechazadas preveían medidas como la disolución de organismos clave (INTI, INTA, Vialidad Nacional, Banco Nacional de Datos Genéticos), la desregulación de áreas esenciales y una reducción abrupta del Estado. Estas propuestas, votadas originalmente bajo facultades delegadas que habían expirado, perdieron toda validez tras los pronunciamientos del Legislativo.
Esta derrota política evidencia la incapacidad del gobierno de Milei para avanzar con su agenda de austeridad sin respaldo parlamentario. Incluso aliados anteriores votaron en contra, preocupados por el debilitamiento institucional que implicaban estos decretos.
El Congreso no sólo detuvo estos decretos, sino que también aprovechó la sesión para aprobar leyes que contrarrestan el ajuste: se recuperó financiamiento para universidades y se declaró la emergencia en salud pediátrica, alineadas con demandas de amplio consenso opositor.
Frente a esta derrota, el Gobierno adelantó que podría recurrir a vías judiciales para intentar revertir el fallo, aunque su viabilidad es incierta sin una mayoría legislativa. Mientras tanto, el rechazo consolida la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto de creciente desacuerdo institucional.
