El Municipio de Berazategui llevó ante la Justicia Federal a la distribuidora de energía eléctrica Edesur S.A. por los reiterados y prolongados cortes de luz en el Conurbano bonaerense, y el Juzgado Federal de Quilmes habilitó la feria judicial para tratar con carácter urgente el reclamo de la comuna y exigir explicaciones y cumplimiento de una medida cautelar vigente desde 2023. La decisión judicial obliga a Edesur a presentar en tres días los informes exigidos en aquella resolución y acreditar el cumplimiento de la cautelar, bajo apercibimiento de sanciones.
El intendente de Berazategui, Carlos Balor, presentó la denuncia impulsada por el impacto que los cortes de energía tienen sobre el abastecimiento de agua potable y la salud pública del partido, ya que el sistema de agua depende de bombas eléctricas que quedan inoperativas cuando se interrumpe la luz. Según el informe de la Secretaría de Salud municipal, las fallas de suministro eléctrico generan no solo apagones en hogares sino una afectación directa al acceso al agua en múltiples barrios.
El conflicto no es nuevo: en marzo de 2023 el exintendente Juan José Mussi también había ampliado la demanda contra Edesur y obtuvo una medida cautelar por la cual la empresa debía realizar inversiones y mejoras en su red para evitar fallas reiteradas del servicio. En aquel momento se denunció que los cortes afectaban gravemente la vida cotidiana de los vecinos, tanto en verano como en invierno, por servicios básicos como agua, calefacción y comunicaciones.
El recurso a la feria judicial refleja la urgencia que el Municipio le da al reclamo, mientras otros distritos bonaerenses como Quilmes también avanzan con actuaciones administrativas de oficio contra Edesur tras apagones masivos registrados en plena ola de calor a fines de diciembre, que dejaron a miles de usuarios sin luz y evidenciaron la fragilidad del sistema de servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La situación con Edesur se da en un contexto más amplio de reclamos y sanciones contra la concesionaria. En años recientes, el gobierno nacional y los reguladores energéticos aplicaron multas millonarias y estudian auditorías por reiterados incumplimientos de calidad de servicio en el AMBA y el conurbano, tras apagones que en otros periodos afectaron a más de 400 000 usuarios.
