Las paritarias del sector público vuelven a tensarse en la Argentina en medio de la negociación entre el Gobierno nacional y los gremios estatales, con fuertes reclamos de recomposición salarial y una estrategia oficial orientada a sostener el ajuste fiscal. En paralelo, la provincia de Buenos Aires busca mantener abiertas sus negociaciones salariales para intentar sostener los ingresos de los trabajadores frente a la caída de recursos y la pérdida del poder adquisitivo.
El Gobierno nacional reanudará la negociación con los sindicatos de la administración pública —principalmente la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)— en una reunión prevista en la Secretaría de Trabajo. La discusión promete ser compleja debido a la distancia entre las demandas gremiales y el esquema económico del Ejecutivo, que busca mantener una fuerte disciplina fiscal.
Desde ATE adelantaron que reclamarán una recomposición salarial cercana al 45 % y el pago de una suma fija extraordinaria de cuatro millones de pesos, como compensación por la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años. El gremio sostiene que el deterioro de los salarios estatales se profundizó en los últimos tiempos y exige una recuperación urgente.
Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, acordó recientemente un aumento salarial del 9 % escalonado para empleados públicos, que incluye 1,5 % en febrero, 5 % en marzo y 2,5 % en abril, calculado sobre los haberes de enero. El acuerdo contempla además bonificaciones específicas, recategorizaciones automáticas y avances en procesos de regularización laboral.
El entendimiento también incorpora una cláusula de monitoreo en mayo y la posibilidad de reabrir la negociación en junio o antes si las variables económicas se desvían de lo previsto. De esta manera, la provincia intenta sostener las paritarias como herramienta para mantener los ingresos y evitar una escalada del conflicto laboral en el sector público.
El escenario refleja una tensión estructural entre la política económica nacional y la estrategia provincial, ya que mientras el Gobierno central busca controlar el gasto y los salarios para sostener el equilibrio fiscal, la administración bonaerense intenta amortiguar el impacto social del ajuste manteniendo negociaciones abiertas con los sindicatos.
