El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo —tanto a nivel nacional como provincial— en el proceso de licitación para concesionar rutas nacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia de un esquema que, según denuncian, presenta irregularidades.
El pedido fue impulsado por la gestión de Axel Kicillof a través del Ministerio de Infraestructura, que cuestionó modificaciones en las condiciones de la licitación realizadas sobre el cierre del proceso. Desde la Provincia sostienen que esos cambios alteraron las reglas de juego y podrían afectar la igualdad entre los oferentes.
En ese marco, el ministro Gabriel Katopodis planteó que la Defensoría actúe como veedora durante todo el proceso de selección, con el fin de asegurar que la adjudicación se realice bajo criterios claros y sin discrecionalidad.
La polémica se da en torno a la licitación de distintos corredores viales nacionales —entre ellos tramos clave de las rutas 3, 205 y 226, además de autopistas estratégicas— donde la empresa estatal bonaerense AUBASA se presentó como oferente frente a compañías privadas.
Según la administración provincial, la introducción de cambios en los pliegos a pocos días del cierre —incluyendo modificaciones en requisitos técnicos y económicos— desvirtúa el proceso y genera sospechas sobre una posible intención de excluir a la empresa pública de la competencia.
El conflicto también tiene un trasfondo político. Desde la Provincia cuestionan el modelo de concesión impulsado por el Gobierno nacional y advierten sobre el impacto que podría tener en el sistema de peajes y en el mantenimiento de las rutas, mientras que desde Nación avanzan con el proceso de privatización de corredores viales.
En este contexto, la solicitud de intervención de la Defensoría del Pueblo busca introducir un control externo que aporte garantías en una licitación que sigue abierta y que definirá quiénes gestionarán una red clave de infraestructura en los próximos años.
