El Congreso aprobó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional, una modificación que flexibiliza las restricciones vigentes y habilita el desarrollo de proyectos mineros en zonas que hasta ahora estaban protegidas. La decisión generó un fuerte debate por su impacto ambiental y por el rol estratégico de los glaciares como reservas de agua.
La nueva normativa redefine el alcance de las áreas protegidas y establece que serán las provincias las que determinen qué zonas deben preservarse y cuáles pueden destinarse a actividades productivas. Este cambio implica un giro respecto del esquema anterior, que fijaba criterios más estrictos a nivel nacional.
Hasta ahora, la ley vigente prohibía de manera explícita la actividad minera, hidrocarburífera y otras intervenciones que pudieran afectar la dinámica natural de los glaciares y del ambiente periglacial. Con la reforma, esas limitaciones se reducen y se abre la posibilidad de avanzar con explotaciones en determinadas áreas, siempre que se evalúe su impacto hídrico.
Desde el Gobierno y sectores vinculados a la minería sostienen que el cambio permitirá atraer inversiones, generar empleo y potenciar la exportación de minerales estratégicos como el cobre, el oro y el litio. En esa línea, se proyecta un crecimiento significativo del sector en los próximos años.
Sin embargo, la reforma fue cuestionada por organizaciones ambientales, científicos y parte de la oposición, que advierten que la flexibilización podría poner en riesgo ecosistemas sensibles y afectar reservas clave de agua dulce. También señalaron que el proceso legislativo se llevó adelante con escasa participación pública.
El cambio marca un punto de inflexión en la política ambiental argentina y abre una nueva etapa de conflicto entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales, en un contexto global donde el acceso al agua adquiere cada vez mayor relevancia.
