El Gobierno nacional mantiene negociaciones con las empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires para intentar destrabar el conflicto por los subsidios y evitar un nuevo paro de colectivos. La situación mantiene en alerta al sistema, luego de días de reducción de frecuencias y advertencias sobre dificultades para sostener el servicio.
El eje de la discusión pasa por el financiamiento del sistema. Las empresas sostienen que los subsidios son insuficientes frente al aumento de costos —especialmente el combustible— y advierten que el esquema actual no refleja los valores reales del mercado, lo que genera un fuerte desfasaje financiero.
A ese escenario se suma el atraso en el pago de compensaciones, que según el sector privado derivó en problemas para afrontar salarios y gastos operativos. En algunos casos, las compañías señalaron que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sueldos, lo que incrementó el riesgo de medidas de fuerza.
Frente a este panorama, el Gobierno avanzó con transferencias de fondos y abrió mesas de negociación con las cámaras empresarias para intentar normalizar el servicio. Incluso, se anticiparon partidas de subsidios con el objetivo de desactivar un paro y garantizar la circulación de colectivos en el corto plazo.
Sin embargo, el conflicto sigue abierto. Mientras las empresas reclaman una actualización estructural del esquema de subsidios, desde el Ejecutivo sostienen que los pagos se realizan en tiempo
y forma y que el sistema debe mejorar su eficiencia. Esta diferencia de criterios mantiene la tensión entre ambas partes.
El impacto ya se hizo sentir en el AMBA, con reducción de unidades en circulación, demoras y complicaciones para millones de usuarios. En ese contexto, el resultado de las negociaciones será clave para definir si el servicio logra estabilizarse o si el conflicto escala en los próximos días.
