Una funcionaria del municipio de Morón quedó en el centro de una investigación judicial luego de que la Policía encontrara alrededor de medio kilo de cocaína durante un allanamiento realizado en una vivienda vinculada a su entorno familiar. El operativo se desarrolló en el marco de una causa por narcotráfico y generó fuerte repercusión política en el distrito.

La droga fue hallada durante procedimientos encabezados por efectivos de la Policía bonaerense y personal judicial que investigaban movimientos relacionados con comercialización de estupefacientes en el oeste del conurbano. Según trascendió, además de la cocaína se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

La vivienda allanada pertenece a una funcionaria que actualmente se desempeña dentro de la estructura municipal de Morón, aunque hasta el momento la Justicia intenta determinar el grado de vinculación directa que tendría con la investigación. Fuentes judiciales señalaron que la pesquisa continúa abierta y que no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

El caso generó fuerte impacto político en Morón, donde sectores opositores reclamaron explicaciones al Ejecutivo local y pidieron conocer la situación administrativa de la funcionaria involucrada. Desde el municipio evitaron hacer declaraciones extensas mientras avanza la investigación judicial, aunque remarcaron que colaborarán con la Justicia si se requiere documentación o información adicional.

La causa se da en un contexto de creciente preocupación por el avance del narcotráfico en distintos puntos del conurbano bonaerense, especialmente en redes de venta minorista que operan en barrios urbanos y utilizan viviendas particulares como puntos de almacenamiento o distribución. En los últimos meses, distintas investigaciones federales y provinciales derivaron en allanamientos y detenciones en municipios del oeste y norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la investigación se inició tras tareas de inteligencia y seguimientos realizados durante varias semanas. La Justicia busca ahora determinar si existía una estructura de comercialización detrás del domicilio allanado y cuál era el rol de cada una de las personas involucradas.