Municipios del interior de la provincia de Buenos Aires comenzaron una campaña de recolección de firmas y gestiones institucionales para impedir la modificación del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional. La preocupación se centra en el posible aumento de las tarifas de gas para más de un millón de bonaerenses si prospera el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
La iniciativa promovida por el oficialismo nacional busca revertir parte de la ampliación aprobada en 2021, que incorporó a gran parte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias al esquema de descuentos en las facturas de gas. De avanzar en el Senado, el beneficio dejaría de aplicarse de manera automática por ubicación geográfica y quedaría limitado principalmente a hogares que acrediten vulnerabilidad económica.
Actualmente, los usuarios incluidos en la ampliación reciben descuentos del 30% sobre la tarifa, mientras que los sectores más vulnerables acceden a reducciones del 50%. La reforma plantea mantener el esquema histórico para la Patagonia, la Puna y Malargüe, pero modificar las condiciones para las zonas incorporadas durante los últimos años.
En la provincia de Buenos Aires, el impacto sería especialmente significativo. Distintos informes estiman que entre 90 y 94 municipios podrían perder el beneficio o ver reducido su alcance, afectando a cientos de miles de hogares en ciudades como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Pergamino, Junín, San Nicolás, Zárate y gran parte del interior bonaerense.
Frente a este escenario, varias Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), organizaciones vecinales, cámaras comerciales e intendentes comenzaron a coordinar acciones para rechazar la iniciativa. Argumentan que el régimen fue creado sobre criterios climáticos reales y que eliminarlo implicaría aumentos que podrían superar el 40% en las facturas de gas justo antes del invierno.
La discusión también tiene un fuerte componente económico. Comercios, industrias y pymes advierten que una eventual quita de subsidios no solo impactaría en los hogares, sino también en los costos de producción y en el consumo local. Diversos sectores sostienen que la medida podría profundizar las dificultades económicas que ya atraviesan numerosas ciudades del interior.
Mientras tanto, el debate se trasladará al Senado, donde gobernadores, legisladores y municipios buscarán influir en la definición de una reforma que podría modificar uno de los principales esquemas de asistencia energética vigentes en el país.
