La situación económica de los trabajadores de la educación volvió a quedar en el centro de los reclamos sindicales tras la difusión de un relevamiento que calculó una importante pérdida del poder adquisitivo docente. Según los datos publicados, los ingresos del sector registraron una caída real del 23,7% entre fines de 2024 y agosto de 2026, en un escenario marcado por las demandas de recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo.
El cálculo, realizado mediante la plataforma DatoPuro, estimó que durante ese período la pérdida acumulada de capacidad de compra alcanzó los $4.810.568,16. La cifra equivale a aproximadamente 4,1 salarios de referencia y busca reflejar cuánto poder adquisitivo resignaron los trabajadores como consecuencia de la evolución de sus ingresos frente a los precios.
La problemática salarial se convirtió en uno de los principales ejes de las organizaciones gremiales, que reclaman mayores recursos para el sistema educativo y la recuperación de los ingresos. A estas demandas se suman preocupaciones vinculadas con la infraestructura escolar, la seguridad y las situaciones de violencia que enfrentan los docentes en el ejercicio de sus funciones.
Uno de los hechos que generó mayor conmoción fue el asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, en Corrientes. El crimen motivó una jornada nacional de paro y duelo convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con movilizaciones y pedidos de esclarecimiento.
Antes de su desaparición, Godoy había advertido a las autoridades provinciales sobre las dificultades edilicias del establecimiento donde trabajaba. Entre los problemas señalados se encontraban el deterioro del mobiliario, las deficiencias en los baños y la falta de mantenimiento. Las condiciones de la escuela también le impedían permanecer allí durante la noche, por lo que debía trasladarse hasta la vivienda de una vecina.
La preocupación por la integridad de los trabajadores de la educación se profundizó con otro episodio ocurrido en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Allí, una profesora resultó agredida por una alumna después de solicitarle que dejara de utilizar el teléfono celular durante una clase. El ataque quedó registrado en un video y la docente debió recibir atención hospitalaria.
Durante las movilizaciones por el crimen de Godoy, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, reclamó mayores partidas para la educación y cuestionó la ausencia de una paritaria nacional docente. La dirigente también vinculó la situación del sector con la necesidad de fortalecer las políticas de protección para las mujeres y garantizar condiciones laborales seguras, especialmente en establecimientos rurales.
Desde el interior bonaerense también surgieron expresiones de preocupación. Cecilia Paolizzi, secretaria general de UDOCBA en Junín, advirtió sobre el deterioro del reconocimiento social de la profesión y señaló que los trabajadores necesitan tanto una mejora de sus ingresos como herramientas para afrontar situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas.
El escenario salarial presenta, además, diferencias importantes entre provincias. Un análisis de Chequeado basado en información oficial había registrado una caída real del salario docente promedio nacional desde fines de 2023, aunque con variaciones significativas según la jurisdicción. Esto refleja que la evolución de los ingresos depende tanto de las decisiones nacionales como de las políticas salariales de cada provincia.
En este contexto, los sindicatos educativos mantienen sus demandas de recomposición salarial, mayor inversión en infraestructura y medidas de prevención frente a situaciones de violencia. Los reclamos buscan abordar de manera conjunta las dificultades económicas y las condiciones en las que miles de docentes desarrollan diariamente su trabajo.

