Abr 6, 2026 | Política
El gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó el fondo destinado a los municipios previsto en el Presupuesto 2026, lo que habilita el inicio de transferencias de recursos y representa un alivio financiero para los intendentes. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por Axel Kicillof, que pone en marcha una herramienta clave para el financiamiento local.
El fondo, denominado Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), contará con un piso de al menos $250 mil millones, aunque ese monto podría ampliarse en función del financiamiento que obtenga la Provincia. Según el esquema definido, parte de esos recursos proviene del endeudamiento, del cual un porcentaje se destinará automáticamente a los municipios.
La distribución del dinero se realizará bajo un sistema mixto: el 70% se asignará de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), que contempla variables como población y necesidades de cada distrito, mientras que el 30% restante se canalizará a través de programas específicos impulsados por el gobierno provincial.
En ese marco, la reglamentación también definió la creación de tres programas para orientar la inversión: uno vinculado al transporte y acceso territorial, otro enfocado en la mejora de infraestructura municipal y un tercero ligado a iniciativas culturales. Estos ejes buscan direccionar los fondos hacia obras y proyectos con impacto directo en los distritos.
Para acceder a los recursos, los municipios deberán adherir formalmente al esquema mediante la firma de convenios con la Provincia. Una vez cumplido ese paso, se habilitará el cronograma de pagos, que prevé un primer desembolso hacia fines de abril.
El fondo forma parte de una estrategia más amplia de asistencia financiera a los gobiernos locales, en un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones en la relación con el Gobierno nacional. En ese escenario, la activación de este mecanismo aparece como una herramienta central para sostener obras y servicios en los distritos bonaerenses.
Abr 6, 2026 | Política
El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo —tanto a nivel nacional como provincial— en el proceso de licitación para concesionar rutas nacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia de un esquema que, según denuncian, presenta irregularidades.
El pedido fue impulsado por la gestión de Axel Kicillof a través del Ministerio de Infraestructura, que cuestionó modificaciones en las condiciones de la licitación realizadas sobre el cierre del proceso. Desde la Provincia sostienen que esos cambios alteraron las reglas de juego y podrían afectar la igualdad entre los oferentes.
En ese marco, el ministro Gabriel Katopodis planteó que la Defensoría actúe como veedora durante todo el proceso de selección, con el fin de asegurar que la adjudicación se realice bajo criterios claros y sin discrecionalidad.
La polémica se da en torno a la licitación de distintos corredores viales nacionales —entre ellos tramos clave de las rutas 3, 205 y 226, además de autopistas estratégicas— donde la empresa estatal bonaerense AUBASA se presentó como oferente frente a compañías privadas.
Según la administración provincial, la introducción de cambios en los pliegos a pocos días del cierre —incluyendo modificaciones en requisitos técnicos y económicos— desvirtúa el proceso y genera sospechas sobre una posible intención de excluir a la empresa pública de la competencia.
El conflicto también tiene un trasfondo político. Desde la Provincia cuestionan el modelo de concesión impulsado por el Gobierno nacional y advierten sobre el impacto que podría tener en el sistema de peajes y en el mantenimiento de las rutas, mientras que desde Nación avanzan con el proceso de privatización de corredores viales.
En este contexto, la solicitud de intervención de la Defensoría del Pueblo busca introducir un control externo que aporte garantías en una licitación que sigue abierta y que definirá quiénes gestionarán una red clave de infraestructura en los próximos años.
Mar 25, 2026 | Política
A pocas semanas de la histórica inauguración del nuevo edificio, el intendente Federico Achával encabezó el acto de inicio de clases en la Universidad Nacional de Pilar junto a la comunidad educativa. De esta manera, la Universidad Nacional de Pilar inició un nuevo año lectivo, con casa propia y con más de 6000 estudiantes inscriptos.
Durante las palabras de apertura, el jefe comunal destacó: «Es emocionante ver que este sueño por el que tanto luchamos ya es una realidad que crece y abraza a tantos alumnos». «Esta es una Universidad para aprender, formarse, compartir y hacer realidad los sueños a través de la educación», remarcó.
De esta manera, el nuevo edificio de la universidad abraza a la comunidad educativa en el ciclo lectivo 2026. El nuevo edificio, ubicado en el predio del Instituto Pellegrini, cuenta con 8 aulas, biblioteca y espacios para docentes, donde se ofrecen 12 carreras en el marco de sus tres facultades: Ciencias de la Salud, Producción y Tecnología y Desarrollo Humano.
Acompañaron al intendente la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.
«Ver su entusiasmo nos llena de alegría y de energías para seguir trabajando por un mejor futuro» cerró el intendente municipal.
Mar 25, 2026 | Política
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó las acusaciones en su contra y aseguró que no cometió ninguna irregularidad, en medio de una investigación judicial vinculada a sus viajes y su situación patrimonial. “No tengo nada que esconder”, afirmó en una conferencia de prensa donde buscó dar por cerrada la polémica.
Durante su reaparición pública, el funcionario sostuvo que toda su información patrimonial está correctamente declarada y que ya puso a disposición de la Justicia los datos necesarios para esclarecer la situación. En ese sentido, evitó responder en detalle sobre algunos aspectos del caso, al señalar que existe una causa en curso y que dar precisiones podría interferir en la investigación.
El conflicto se originó tras la difusión de datos sobre un viaje familiar a Punta del Este y otras polémicas vinculadas a traslados oficiales, lo que derivó en cuestionamientos sobre el origen de los fondos y el uso de recursos. La situación escaló a nivel judicial, donde se busca determinar cómo se financiaron esos movimientos.
En el intercambio con la prensa, Adorni también protagonizó cruces con periodistas y cuestionó algunas versiones publicadas en los últimos días. Incluso reclamó rectificaciones sobre informaciones que, según dijo, no reflejan la realidad de los hechos.
Más allá de la defensa pública, el Gobierno intenta dejar atrás el episodio y retomar la agenda política. En ese marco, el jefe de Gabinete presentó una serie de iniciativas legislativas y anuncios con los que busca cambiar el foco de la discusión.
El caso se da en un contexto de alta sensibilidad sobre la transparencia y el uso de recursos por parte de funcionarios, lo que amplifica el impacto político de este tipo de denuncias y mantiene el tema bajo seguimiento tanto judicial como mediático.
Mar 25, 2026 | Política
El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la movilización por el 24 de marzo en Plaza de Mayo y se sumó a las consignas en defensa de la memoria, en un contexto atravesado por el debate sobre los discursos que relativizan el terrorismo de Estado. Su presencia formó parte de una jornada masiva en la que organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales volvieron a reclamar por memoria, verdad y justicia.
Durante la marcha, Kicillof expresó su rechazo a las posturas que cuestionan o minimizan los crímenes cometidos durante la última dictadura y remarcó la importancia de sostener las políticas de memoria como un eje central de la democracia argentina. El gobernador se mostró junto a referentes del peronismo y de distintos espacios que participaron de la convocatoria.
La movilización tuvo como epicentro Plaza de Mayo, donde miles de personas se concentraron para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Como cada año, la jornada estuvo marcada por consignas vinculadas a los derechos humanos y por críticas a las expresiones que buscan reinterpretar lo ocurrido durante ese período.
En ese marco, el debate sobre el negacionismo volvió a ocupar un lugar central. Distintos sectores advirtieron sobre la aparición de discursos que no necesariamente niegan los hechos, pero sí los relativizan o los reinterpretan, lo que generó preocupación en organismos de derechos humanos y en el ámbito político.
La participación de dirigentes políticos en la marcha también reflejó el peso que mantiene la agenda de derechos humanos en la discusión pública actual, especialmente en fechas simbólicas como el 24 de marzo, donde la memoria colectiva se vuelve un eje de fuerte presencia social y política.
